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22 octubre, 2021 Comentarios desactivados en No opera por completo sistema de videovigilancia: Layda Campeche

No opera por completo sistema de videovigilancia: Layda

Sansores anuncia que se investigará a las empresas y se revisarán los contratos de las cámaras, entre ellos el que “Alito” firmó con Interconecta, filial de Grupo Altavista, de Ricardo Orrantia.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 22 de octubre del 2021.- Layda Sansores San Román reveló que muchas de las cámaras del sistema de videovigilancia, que se rentan a la empresa Interconecta, filial del Grupo Altavista, propiedad de Ricardo Orrantia, no operan.

La jefa del Ejecutivo estatal anunció que “se investigará a las empresas que fueron contratadas para colocar cámaras de vigilancia, pues hoy no operan”.

“Que se revisen los contratos y se investigue a empresas contratadas para colocar cámaras de vigilancia, pues muchas se pagaron, pero no operan”, indicó Sansores San Román, en la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

Acompañada de autoridades civiles y militares, también pidió capacitar y cuidar que, sobre todo, los nuevos elementos policiacos no se contaminen de malas prácticas.

Reiteró que en Campeche no de permitirán más invasiones y pidió que en situaciones de desalojo, de acuerdo con la ley, no sólo se apoye a quienes han sido engañados por vivales, sino que se les oriente para denunciarlos y aplicarles las penas que establezca la ley.

Pidió incrementar la vigilancia para impedir la tala clandestina en zonas, como Hopelchén y Calakmul; escuchó el reporte de que se analiza cada caso de internos de los reclusorios del estado para ayudar a obtener la libertad de los que se pueda, y pidió redoblar esfuerzos en ese sentido.

El 26 de septiembre del 2021, Página 66 publicó que la administración de Layda Sansores San Román tendrá que seguir pagando el arrendamiento de cámaras de videovigilancia en las principales ciudades del estado de Campeche, contratadas por Alejandro Moreno Cárdenas, a razón de casi dos millones de pesos mensuales, hasta diciembre del 2021.

De acuerdo con el contrato de arrendamiento con la empresa Interconecta -involucrada en el fraude del fracasado Programa Multimedia de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa-, filial del español Grupo Altavista, los 53 meses de plazo vencen hasta el último día de este año.

En siete de las 13 cabeceras municipales, la administración de Moreno Cárdenas y su sustituto Carlos Miguel Aysa González dejaron, según sus informes, mil 100 cámaras de videovigilancia en operación, la mayoría de la compañía del Grupo Altavista.

Alejandro Moreno y Carlos Miguel Aysa apostaron todo a la videovigilancia contra la inseguridad pública creciente y “para la preservación del orden público”, pero esta estrategia no tuvo ningún resultado, como lo demuestran las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que colocan a Campeche con mayores índices de delincuencia.

El sistema de videovigilancia, según el último informe oficial, cuenta con una plataforma de gestión y grabación de video, un software de análisis de videos, que permite revisar horas de video en minutos y analizar cuantitativamente y reconocer placas, localizar personas y vehículos.

Desde marzo del año 2017, “Alito” firmó el contrato con la empresa Interconecta, y en todo este tiempo, han sido esporádicos los casos en que se ha utilizado en beneficio de la ciudadanía, pero sí fue usado por la administración de Aysa González para exhibir a políticos opositores en francachelas.

Generan “exclusión social”: Expertos

El uso indiscriminado de cámaras contra la delincuencia común ha sido criticado por generar “procesos de clasificación social y espacial que derivan, algunas veces, en forma de exclusión social”, y por poner “los datos personales que administra en un espacio de indeterminación jurídica”, como sostiene Nelson Arteaga Botello, profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

También se ha señalado que “la pobre e inexistente regulación de las cámaras de vigilancia en México puede afectar el ejercicio de la ciudadanía”, definida como “la capacidad que tienen los individuos de construir espacios de autonomía y control frente a lógicas de estratificación y dominación”.

Más información en:

https://www.pagina66.mx/layda-sigue-con-videovigilancia-que-genera-exclusion-social/

https://www.pagina66.mx/apuesta-aysa-a-mas-videovigilancia-contra-inseguridad-creciente/

https://www.pagina66.mx/aysa-anuncia-400-camaras-de-videovigilancia-mas-contra-delincuencia/

https://www.pagina66.mx/alito-tambien-renta-las-camaras-de-videovigilancia/

https://www.pagina66.mx/sin-explicacion-alito-acepta-modificar-contrato-de-videovigilancia/

https://www.pagina66.mx/alito-beneficia-con-otro-contrato-a-grupo-altavista/

https://www.ladobe.com.mx/2018/10/empresa-de-videovigilancia-contratada-por-gobierno-de-campeche-arrastra-malos-antecedentes/

 

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