Prisión preventiva: prohibido el libro

Por Verónica Lozada*

El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos

Fiódor Dostoyevski,

Siguiendo el caso del periodista Miguel Ángel Villarino en Campeche, hay un video del 9 de marzo, en el que su esposa Milagros Higueredo Palacios informa del tratamiento al periodista a un día de su detención. En un trozo informativo de mucho valor que rescato aquí textual; ella dice:

[…] Desafortunadamente, que fue lo primero que me encargó, fue que le llevara libros…no me dejaron pasar libros porque dicen que no –porque… por la calidad de detenidos que aparentemente va a ser rápida su salida, pues no se permiten libros.

¿Cómo está eso de que no se le permiten libros? ¡Que alguien me explique! Eso no es “Crecer en grande”, como reza el lema de la presente administración; esos son claros rasgos de lo que en ciencias políticas se denomina república bananera. E insisto: ¡Esto, está muy mal! Hay que decirlo con todas sus letras y tiene que parar. Expondré tres breves razones para esta aseveración:

En primer lugar, los LIBROS NO ESTÁN PROHIBIDOS para los presos preventivos. El MANUAL DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA FUNCIONARIOS DE PRISIONES1 , capítulo 36 Tratamiento de los presos preventivos, establece como uno de sus principios fundamentales: “Se autorizará a todo acusado para que se procure, a sus expensas o a las de un tercero, libros, periódicos y recado de escribir”.

Sin contar lo que establece el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS signado por México y otros instrumentos internacionales en el mismo tenor.

Nos salen muy caros los funcionarios públicos con esos insultantes salarios que cobran, como para que operen con el principio de echando a perder, se aprende, y pongan en juego los destinos de la ciudadanía. ¿Es ignorancia o mala fe no permitirle libros a Villarino? Nada de andarse escondiendo para escribir, ni que se le cuestione cómo es que está escribiendo ¿Dónde está previsto que no puede hacerlo? ¿Acaso no hay un ejército de doctores en Derecho entre los tres poderes como para saber ese principio básico?

Por otra parte, dado que no hay justificación legal para prohibir libros a un preso preventivo ¿Cuál es entonces la justificación e intencionalidad de esa prohibición? Esa prohibición, que parece inofensiva, no tiene nada de eso, es bastante perversa y obliga a preguntar: ¿Anomia de facto? ¿Quién ordena esa aberración jurídica? ¿Prohíben al periodista o a todos los presos? ¿Es la cárcel un territorio sin ley? ¿Cruzando las rejas, se les acabaron sus derechos morales y culturales? ¿Dejaron de ser seres humanos? ¿Es ignorancia o arbitrariedad? ¿Hay alguien por ahí que responda? Hasta hoy el silencio ha sido la única respuesta al conjunto de absurdos. Villarino hace responsable al gobernador del estado y a otros funcionarios de menor escala. Es una acusación grave, pero más grave es el silencio: como dicen, el que calla otorga.

Y como hasta hoy, ignoraron también la denuncia que hace con nombre, puesto y circunstanciación de hechos al custodio que lo amenazó de muerte, pues crece la duda. Así que por más que se trate de mantener el beneficio de la duda ¿Cómo interpretar el silencio viniendo de la primera autoridad del estado? Imposible, no hay lugar para ello, pues por ley está obligado a velar por el bienestar de TODOS los gobernados.

¿Impericia política? Solo así se explica que no haya en toda la administración, quien aconseje una actuación con tino y dentro de los límites que marcan las propias leyes. En Campeche, hechos como éste no deben suceder en pleno siglo XXI, pues nos presenta ante el mundo como pequeños feudos, aislados del mundo, ignorantes, aldeanos y atrasados. Por ello, hay que decirlo: ¡No! ¡No es correcto! y ¡Eso no se hace! Prohibir libros es un soberano disparate, por decir lo menos. Esas tres frases que parece que nadie se atreve a decir abiertamente, tienen que decirse en este y muchos casos más y convendría que saliesen naturalmente de todo servidor público cuando amerite. No es sano hacer como que la virgen les habla.

La barbaridad de negar un libro a un detenido en prisión preventiva hace mayúsculo el absurdo. ¡No vaya! ¡Menos mal que es prisión preventiva! ¡Y por un delito del orden civil familiar! ¿Qué sería de Villarino si hubiese cometido un delito grave? Defraudar a la nación por miles de millones de pesos, enriquecerse a costa del servicio público, traficar con influencias o tener nexos con delincuencia organizada, etc. ¡No, bueno! Corrijo. ¡Ya sé! Andaría libre y hasta habría que pedirle disculpas; en este mundo al revés que se está instaurando con todo desparpajo.

Sin embargo, contrario al principio de presunción de inocencia, Villarino es tratado como culpable hasta que demuestre que es inocente. Y si esto hicieran con todos, ni en mil Kobenes cabrían en Campeche todos los padres que abandonan deberes –en sentido amplio—, hacia sus menores hijos. En cambio, el celo desplegado para encarcelar a Villarino y las grotescas manifestaciones sucesivas de poder para aterrorizarlo con su muerte anunciada por órdenes de “arriba”, deja muy mal parada a esta administración y la pureza de sus injustificadas motivaciones.

En tercer lugar, PROHIBIR LIBROS HA SIDO UNA CONSTANTE CON PRISIONEROS POLÍTICOS. Ha sido y es, una de las “medidas” arbitrarias, groseras y desesperadas, relacionadas históricamente a regímenes dictatoriales. Con esa “medida” se busca minar soterradamente la dignidad del individuo, así como deteriorar su salud mental, a través de negarle un derecho cultural y moral. Ejemplos hay muchos: el franquismo, la dictadura argentina, la dictadura chilena y las de otras latitudes sin descontar los ominosos episodios de la dictablanda mexicana que también tiene mucha tela de donde cortar.

¡Hay que aprender de esos capítulos vergonzosos para no repetirlos nunca más! Surge entonces de manera natural la pregunta ¿De verdad no hay un trasfondo político en la detención del periodista Villarino?

Esto no ha concluido aún. Seguiremos atentos a este caso. El derecho a la justicia, a ser tratado con dignidad y a la Vida Buena en todos sus órdenes, excluye la posibilidad de la necropolítica, que empodera a los señores de la muerte para decidir quien vive y quien muere.

Insisto en hacer un llamado al gobernador para que se salvaguarde la vida de Villarino, se le ofrezca un juicio justo, apegado al debido proceso y se detengan las acciones dolosas y vejatorias como las que el periodista ha venido denunciando.

¡Que la paz y la justicia se besen!

1 Emitido por la OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH)

*Teóloga y abogada/Comunidad de Fe y Justicia, A.C.