1 marzo, 2019 Comentarios desactivados en ZEE: Manto de impunidad cubre a Monserrat Campeche

ZEE: Manto de impunidad cubre a Monserrat

En los últimos 7 años, le han llovido las denuncias a la compañía de Felipe Barrio por pescadores, trabajadores y ejidatarios de Seybaplaya, pero no han prosperado. Incluso, Monserrat se enfrentó al gobierno federal y ganó un juicio para ampliar y modificar la concesión para su puerto Campeche 2000.

Por Daniel Sánchez

SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, Cam. 1 de marzo del 2019.- Desde hace más de 25 años, arribó la empresa Monserrat S.A. de C.V. a este lugar y adquirió terrenos ejidales en los alrededores del sitio histórico conocido como Punta Morro, al norte de Seybaplaya, donde estableció bancos para extraer caliza, que exporta al extranjero.

Sin embargo, desde 2012, la compañía se convirtió en un problema ambiental y productivo para los pescadores seybanos, quienes protestaron y acudieron, infructuosamente, a presentar quejas en innumerables ocasiones a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En este lapso, múltiples han sido también las denuncias de los trabajadores de Monserrat, quienes se han quejado de haber sido explotados y despedidos injustificadamente, sin respetar la Ley Federal del Trabajo, bajo el amparo de las administraciones estatales, a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

La empresa, representada legalmente por Felipe Barrio Esquivel, fue también acusada de destruir vestigios arqueológicos en los alrededores y en el lugar conocido como Punta Morro, sin que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) actuara en su contra.

Incluso, últimamente, ha sido demandada penalmente por invasión de predios aledaños, propiedad de ejidatarios de Seybaplaya, quienes se han visto obligados a recurrir a la Fiscalía General del Estado y hasta el momento no les han hecho justicia.

Los denunciantes señalan que las autoridades estatales, encabezadas por Alejandro Moreno Cárdenas, han solapado y tendido un manto de impunidad a la actuación irregular e ilegal de los dueños de Monserrat S.A. de C.V., bajo el supuesto de que entre los socios se encuentran políticos de primer nivel del ex gobierno priísta de Enrique Peña Nieto.

En lugar de hacer justicia a los afectados, Moreno Cárdenas utilizó la fuerza pública, como suele hacer ante las protestas sociales, para desalojar y detener a los líderes de los volqueteros que osaron bloquear un camino de la compañía, por no darles trabajo.

Monserrat opera en el país desde 1953 y transformó su régimen jurídico de Sociedad Anónima (S.A.), por la de Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.), mediante Escritura Pública número 41,534, de fecha 15 de noviembre de 1982, otorgada ante la fe del notario público número 62 de la Ciudad de México, Heriberto Román Talavera.

La empresa ha enfrentado conflictos legales de todo tipo, incluyendo uno contra el mismo gobierno federal, al que obligó, mediante un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a ampliarle la concesión “para usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación, consistentes en una zona marítima operacional no exclusiva, para la construcción y operación de una terminal portuaria especializada de carga, almacenamiento, manejo, distribución y trituración de calizas de uso particular, localizada en playa Payucán, Seybaplaya”.

La concesión en disputa legal

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del primero de octubre de 1999, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó que el 27 de agosto de 1999, otorgó la concesión a favor de Montserrat, S.A. de C.V., “para el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación consistentes en zona marítima, para la construcción y operación de una terminal portuaria especializada de carga, almacenamiento, manejo, distribución y trituración de calizas, de uso particular, que se localizará en playa Payucán, Seybaplaya, Municipio de Champotón”.

A esas fechas, la empresa ya contaba con una autorización del Instituto Nacional de Ecología (INE), con fecha 19 de diciembre de 1997, “para efectuar las obras y actividades del proyecto “Campeche 2000”, en el predio denominado Punta Morro”.

El 13 de mayo del 2003, Monserrat consiguió que la SCT le entregara la primera modificación a la concesión otorgada para construir el puerto privado, que consistió en cambiar la garantía de cumplimiento.

La compañía presentó 13 solicitudes entre 2002 y 2010 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que hiciera una segunda modificación a la concesión otorgada y el cinco de octubre de 2011, la dependencia federal consideró improcedente su petición, porque la terminal pasaría a ser de uso público, contraviniendo la ley.

Ahí fue cuando empezó un largo litigio de un poco más de cuatro años, concluyendo con un triunfo legal de Monserrat, y la SCT tuvo que entregarle un nuevo título de concesión, fechado el 18 de noviembre del 2015, ampliando las obras a realizar y superficie a ocupar, así como el periodo de vigencia, hasta el 2028.

El 25 de mayo del 2016, en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes oficializó el dictamen a favor de Felipe Barrio, quien proporcionó como domicilio Camino a las Minas número 888, colonia San Francisco Tlaltenco, C.P. 13400, Delegación Tláhuac, Ciudad de México.

Ahora, la terminal portuaria quedó como “de uso particular, destinada a los propios fines de “La Concesionaria” y a los de terceros, mediante contrato, afectando un área de tres mil 648.40 metros cuadrados de zona marítima y 19 mil 770.54 metros cuadrados de zona marítimo terrestre, que comprenderá, entre otras instalaciones, un rompeolas de 575.60 metros de longitud, un atracadero marginal formado por cinco duques de alba al norte, así como una banda de atraque para barcos roll on roll off formada por cinco duques de alba y una plataforma de desembarque al sur de dicho rompeolas, contigua al predio denominado “Punta Morro”, en Playa Payucán, con una vigencia de 29 años, contados a partir de su otorgamiento”.

“La ampliación del objeto del Título de Concesión es a fin de que se le permita el movimiento de carga a granel a general, así como la ampliación de un espigón y la construcción de un nuevo espigón para embarcaciones menores y de una plataforma para maniobras y ampliación del plazo”, indica el documento.

Específicamente, la concesión es “para usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación, consistentes en una zona marítima operacional no exclusiva, para la construcción y operación de una Terminal Portuaria Especializada de carga, almacenamiento, manejo, distribución y trituración de calizas, para el manejo de granel y general de comestibles, el manejo de combustóleo y sus derivados; la instalación de talleres y almacenes para efectuar reparaciones a corto tiempo de las tuberías, equipos, maquinarias”.