Desde el Congreso del Estado, entre 2018 y 2021, José Luis Flores se supeditó a los caprichos de los regímenes autoritarios de “Alito” y Aysa, y al mismo tiempo encabezó una “cacería de brujas” contra opositores a su camarilla política.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 12 de octubre del 2022.- Desde el Congreso del Estado, entre 2018 y 2021, José Luis Flores Pacheco traicionó a Morena y al pueblo de Campeche, al supeditarse a los caprichos de los regímenes autoritarios de los priístas Alejandro Moreno Cárdenas y Carlos Miguel Aysa González, mayormente conocidos como “Alito” y “El sustituto”.
El aún diputado federal morenista, mejor conocido como el “diputado primoroso”, llegó al Congreso local a propuesta de su mentor, Aníbal Ostoa Ortega, y bajo el auspicio de Carlos Martínez Aké, que lo hicieron coordinador de la bancada guinda.
Al mismo tiempo, en contra de los estatutos partidarios, Flores Pacheco fungió como presidente del Consejo Político Estatal de Morena, desde donde inició una “cacería de brujas”, con denuncias contra militantes fundadores del partido que se oponían a los designios de su camarilla política.
Una de las víctimas de su persecución legal fue este reportero, quien fungió mes y medio como legislador morenista en el Congreso del Estado, y fue acusado por José Luis Flores de violar los estatutos del partido.
La queja fue “por las violaciones reiteradas y consecutivas a la normatividad interna, con la evidente intensión (sic) dolosa de desprestigiar al partido Morena y a su persona”, con sus publicaciones críticas en Página 66, entre 2018 y 2019.
Durante sus tres años como diputado local, José Luis Flores jugó el papel de comparsa del PRI y se convirtió en cómplice de la administración de Alejandro Moreno y Carlos Miguel Aysa, el neomorenista embajador de México en República Dominicana.
Casi al término de su gestión como legislador local, el mismo que operó la abyección total de los morenistas a “Alito” y Aysa, publicó en redes sociales que Carlos Martínez Aké renunciaba a su reelección y declinaba en su favor para contender por el Primer Distrito Electoral Federal, con cabecera en la capital campechana.
El principio de la historia del Pri-Mor
Desde el inicio de su función como legislador, en octubre del 2018, el representante morenista -aconsejado por Aníbal Ostoa- dio los primeros indicios de que no sería aliado del pueblo campechano, sino de quienes ostentaban el Poder Ejecutivo, al no aprovechar la mayoría opositora para conformar un bloque que le quitara el control del Congreso del Estado al PRI y sus partidos rémoras.
En ese momento fue cuando Flores Pacheco comenzó a ser llamado, junto con sus compañeros -con excepción de la diputada Sofía Taje-, diputados del PRI-Mor, que luego pasarían a ser del PRIAN-Mor -al sumarse el PAN a la sumisión ante la oficialidad priísta-, por haber entregado la mayoría y las principales comisiones legislativas a los representantes de Moreno Cárdenas en el Congreso local.
Los representantes morenistas fueron tan serviles que se negaron a tocar con el pétalo de una crítica a “Alito”, como sucedió el 31 de octubre del 2018, cuando como grupo parlamentario abordaron el tema de la inseguridad creciente en Ciudad del Carmen, durante la sesión del Congreso del Estado, pero evitó pronunciar el nombre de los responsables: Los priístas Alejandro Moreno y el alcalde Oscar Rosas.
El ocho de noviembre del 2018, se registró otro hecho vergonzoso: Los legisladores de Morena, junto con los del PRI y sus rémoras, PVEM, Panal, PRD y PT, aprobaron un dictamen que viola el procedimiento legislativo y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que el titular de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera, no diera explicaciones sobre las carencias en los hospitales públicos.
Antes de que partiera “Alito” a su aventura nacional priísta, el 28 de febrero y el 31 de marzo del 2019, le dieron un “regalazo”: Con prisas, sin dar curso a moción suspensiva y sin contar con estimación del impacto presupuestario, que exige la Ley de Disciplina Financiera, los integrantes del Congreso del Estado, con excepción de tres legisladoras, aprobaron la creación del municipio 12 de Campeche, Seybaplaya.
El 31 de marzo del 2019, los diputados del PRI, Morena, PAN, PT, PVEM e independiente del Congreso del Estado le cumplieron su segundo capricho a Alejandro Moreno, al aprobar la creación del décimo tercer municipio campechano en Dzitbalché.
Once días antes, el 20 de marzo del 2019, José Luis Flores dio patente muestra de servilismo, al proponer una comisión especial, de la cual negoció ser el presidente, para justificar la violencia oficial ejercida por Moreno Cárdenas y Aysa González contra transportistas del municipio de Escárcega y el encarcelamiento de 14 personas, acusadas de motín, en el penal de San Francisco Kobén.
Visto bueno a salida de “Alito” y llegada de Aysa
Otra prueba del entreguismo de los diputados, también conocidos como “los primorosos”, a la administración priísta, fue la aprobación de la salida de Alejandro Moreno de la gubernatura y de la llegada Carlos Miguel Aysa como sustituto en el Palacio de Gobierno, el 13 de junio del 2019.
En “fast track”, 32 diputados, incluyendo nueve de Morena, votaron a favor de la licencia de Alejandro Moreno y la llegada de Carlos Miguel Aysa. Sólo tres diputadas se opusieron.
Para justificar la aprobación de nueve de los 11 legisladores de Morena, su coordinador se inventó dos horas antes una falaz demanda en las redes sociales: ¡Exigimos la separación absoluta del gobernador! Cuando la solicitud y los términos de la licencia ya eran de su conocimiento.
Para terminar de “convencer” a Rashid Trejo Martínez, Ricardo Sánchez Cerino, Selene del Carmen Campos Balam, Celia Rodríguez Gil, Xóchitl Mejía Ortiz, Eduwiges Fuentes Hernández, Joaquín Notario Zavala y Claudeth Sarricolea Castillejo, Flores Pacheco aseguró falsamente que en su última visita a la alcaldía de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román había ordenado sufragar a favor.
Para no dejar duda del entreguismo de los nueve representantes morenistas al gobierno estatal, la diputada Eduwiges Fuentes fue la encargada de subirse a la tribuna para hablar a favor de la administración de tres años y 10 meses de “Alito”.
La ley contra burócratas
El 31 de julio del 2019, 22 diputados, entre ellos algunos de Morena, aprobaron con cambios “cosméticos” la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, con la que privatizan el manejo del Fondo de Pensiones y Seguros, aumentan las cuotas a trabajadores y pensionados, asignan cantidades irrisorias como seguro de fallecimiento y exhumación, y aumentan la edad a pensionados que hayan iniciado cotizaciones antes del uno de julio del 2005.
En su afán por figurar, el “diputado primoroso” intentó justificar su voto a favor, con la propuesta de modificar un artículo para dejar sin representación a las organizaciones sindicales minoritarias en la Junta de Gobierno del Issstecam. La propuesta fue aprobada por mayoría.
De esta manera, los morenistas fueron cómplices de Carlos Miguel Aysa en el Congreso del Estado y asestaron un duro golpe a los ingresos y las prestaciones de los trabajadores al servicio del estado de Campeche y los municipios.
Los legisladores avalaron la iniciativa de ley para reformar 72 artículos y derogar 44 de los 120 artículos que conforman la actual Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, dejando sólo cuatro artículos intactos.
Aval a “fiscal carnal” y alzas de Aysa
Otro capítulo de la abyección de los diputados morenistas fue haber sufragado a favor de la candidata de Carlos Miguel Aysa, Silvia Moguel Ortiz, para ocupar la Fiscalía Anticorrupción el seis de noviembre del 2019. Sólo dos diputadas se opusieron.
Esa vez, a Moreno Cárdenas no le alcanzó para imponer a su primo José Alberto Calderón Silva, quien mantuvo una campaña en redes sociales, durante varias semanas, con “cartas de recomendación” provenientes de todo el país e incluso del extranjero.
El 19 de diciembre del 2019, 33 de los 35 diputados del PRI, PAN, Morena, PT, Panal y PVEM votaron por cobrar en 2020 hasta 40 por ciento más por el juego de placas, calcomanía y tarjeta de circulación para automóviles particulares, que son la mayoría del padrón vehicular estatal.
El dictamen incrementó el costo del emplacamiento o reemplacamiento de 10 veces el salario mínimo, mil 20 pesos, este año, a 13.5 UMA´s, cuyo valor se estima alcanzaría alrededor de 89 pesos el año próximo, equivalentes a mil 201 pesos.
Al día siguiente, el 20 de diciembre del 2019, 29 de los diputados del PRIAN-Mor avalaron reformas a Ley de Hacienda estatal, presentadas por Carlos Miguel Aysa, para cobrar más en algunos servicios del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la Secretaría de Educación y el Periódico Oficial del Estado.
La “exhibida” electoral de la SCJN
Ya en 2020, el primero y el 10 de julio, Aysa González, como muestra de la inexistente división de poderes estatales, ordenó a los 35 diputados locales del Congreso repartir cubrebocas gratuitamente en sus distritos y la población en general, lo cual acataron sin reparo.
Antes, el 26 de mayo del 2020, los legisladores locales del PRIAN-Mor habían aprobado, por unanimidad, seis iniciativas para reformar, adicionar y derogar disposiciones de la Ley Electoral estatal, entre ellas una para aplazar hasta enero del 2021 el inicio del proceso electoral estatal, tomando como pretexto la contingencia sanitaria por el Covid-19.
La dirigencia nacional de Morena presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra seis artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, dejando en evidencia a sus 11 representantes en el Congreso estatal.
El nueve de diciembre del 2020, la SCJN invalidó cinco de los seis artículos reformados de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche por el Congreso del Estado, demostrando que los representantes partidistas legislan fuera de la Constitución. El Congreso sólo reconoció modificaciones “de forma” en tres artículos.
Los diputados del PRI, PAN, Morena, PT, Panal, PVEM e independiente fueron exhibidos por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como desconocedores del derecho constitucional en materia electoral.
De los seis artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche (LIPEEC), impugnados por la dirigencia nacional del partido Morena, el máximo tribunal del país invalidó cinco, por violar la libertad de expresión de los partidos políticos y por permitir la inducción del voto a cambio de dádivas.
Aprobación de ingresos subestimados y derroches
Más recientemente, el dos de diciembre del 2020, como lo hicieron en 2018 y 2019, representantes del PRI, PAN, Morena, PVEM, Panal, PT e independiente aprobaron la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para 2021, con un monto de 21 mil 454 millones de pesos y una subestimación de hasta tres mil 293 millones de pesos.
La subestimación de los ingresos estatales propuesta por Carlos Miguel Aysa afecta principalmente a las participaciones federales, por lo que los legisladores campechanos se volvieron a convertir en cómplices de la administración sustituta, que contará con ingresos excedentes en el próximo año electoral.
Al dictamen avalado por los representantes partidistas no le movieron ninguna coma, que elaboraron “fast track” en una semana, sin un análisis de fondo.
Nueve días después, el 11 de diciembre del 2020, 32 de los 35 integrantes del Congreso del Estado avalan, sin hacer ningún cambio, la iniciativa enviada por la administración del sustituto Aysa González, así como las simulaciones, derroches y recortes en el gasto por 21 mil 454 millones de pesos.
Los integrantes del Congreso del Estado avalaron, sin ningún cambio, ni modificación, incluso hasta con sus errores ortográficos, la iniciativa enviada por la administración estatal, a través de la Secretaría estatal de Finanzas.
Los representantes del PRIAN-Mor volvieron a refrendar que su compromiso es con la gestión de los priístas Alejandro Moreno Cárdenas y Carlos Miguel Aysa, y no con la población y sus necesidades, ahora en tiempos de pandemia del Covid-19, al aprobar recortes de 74 millones de pesos a la Secretaría de Salud y de 393 millones al rubro de Desarrollo Social.
El ridículo ante la Ley Olimpia
Otro tema en el que se enredaron y quedaron en ridículo los representantes morenistas fue en el de la Ley Olimpia, aprobada por unanimidad, con prisas e incompleta, el siete de octubre del 2020, por los integrantes del Congreso campechano. Esto lo hicieron antes de que las colectivas feministas entregaran una iniciativa ciudadana, consultada con las mujeres campechanas.
El 18 de diciembre del 2020, en un tácito reconocimiento a la simulación aprobada como “Ley Olimpia”, los diputados del PRI, PAN, Morena, Panal, PT y PVEM se vieron obligados a rectificar y avalaron un “adendum” para reformar varios artículos del Código Penal del Estado, en materia de violencia digital contra las mujeres.
Por mayoría de votos (29 a favor y uno en contra, emitido por el diputado independiente, Luis Alonso García Hernández), el Congreso del Estado aprobó una adición emitida por la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad al dictamen de la Diputación Permanente para reformar los artículos 175, 260, 262 y la denominación del Capítulo II del Título Décimo y, adicionar un artículo 175 bis al Código Penal del Estado de Campeche (Ley Olimpia).
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