Organizaciones civiles señalan que la propuesta de reformar la Constitución local para “garantizar la vida desde el momento de la concepción” es “una clara amenaza a la vida de las mujeres y las niñas campechanas” y un “grave retroceso a la protección de sus derechos humanos”.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 10 de julio del 2019.- La Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche, a través del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, demandó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), que preside el ex magistrado Juan Renedo Dorantes, que se pronuncie frente a la iniciativa presentada el martes por el diputado panista, Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, porque es “una clara amenaza a la vida de las mujeres y las niñas campechanas”.

En un pronunciamiento, dado a conocer este miércoles, la Red expresó su preocupación por la iniciativa de Nordhausen Carrizales, la cual vulnera la vida e integridad del sector femenino del estado de Campeche y representaría un “grave retroceso a la protección del ejercicio de sus derechos humanos”.

“Dicha iniciativa pretende reformar la Constitución Política del Estado de Campeche, para “garantizar la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”, la cual de ser aprobada, significaría un grave retroceso a la protección del ejercicio de los derechos humanos de mujeres y niñas reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales”, indicó.

“Nos es importante recordarle al diputado Jorge Alberto Nordhausen que su obligación como servidor público es velar porque se garantice el principio de progresividad de derechos, así también que debe conocer y respetar las posturas de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto de la Organización de las Naciones Unidas, como del Sistema Interamericano, quienes se han pronunciado en reiteradas ocasiones a favor del derecho de las mujeres y las niñas a decidir, y han exhortado al Estado Mexicano a adoptar una orientación clara sobre la despenalización del aborto, que se reconoce como un derecho humano”, puntualizó.

La organización civil manifestó que “la adopción de normas que prohíben de manera absoluta la interrupción del embarazo y que incluso lo penalizan, constituye una forma de discriminación contra las mujeres, que vulnera de manera frontal su derecho a la salud y que incluso constituye una forma de tortura, en los casos en los cuales los estándares de derechos humanos han reconocido a las mujeres su derecho a interrumpir el embarazo, como ocurre cuando existe una amenaza a la vida o salud de la mujer, o cuando el embarazo es el resultado de una violación o de incesto, como puede advertirse en la jurisprudencia emitida”.

Recordó que “el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el caso L.C. v. Perú, del Comité de la CEDAW, caso CEDAW/C/50/D/22/2009, párrafo 8.15, o bien, en el caso del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el caso K.L. v. Perú, CCPR/C/85/D/1153/2003, párrafos 6.3 y 6.4, y casi V.D.A. v. Argentina, CCPR/C/101/D/1608/2007, párrafos 9.2 y 9.3, todos los cuales constituyen criterios orientadores en el cumplimiento de obligaciones internacionales contenidas en tratados de los cuales México es Parte, como lo son la CEDAW y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

“Legislar desde los prejuicios, el desconocimiento y la ignorancia pone en riesgo la vida de mujeres y niñas. Así pues, las iniciativas para “proteger la vida desde la concepción”, obedecen a fundamentos meramente religiosos y no jurídicos, ni civiles, sumando esto a que buscar la prohibición del aborto solo pone en situación de vulnerabilidad a las mujeres y niñas que se ven en la necesidad de interrumpir su embarazo”, agregó.

“Legislar a favor del aborto es legislar a favor de la vida. La vida por proteger es, entre otras, las de las mujeres y niñas que habitan en Campeche, que construyen este estado día a día, y por quienes el mencionado legislador no ha procurado nada en su quehacer”, abundó.

Por último, la Red señaló que en este país hay normas y tratados vigentes para todo el territorio nacional, por lo que, sin importar esta u otras reformas que busquen criminalizar a las mujeres –poniéndonos con ello en riesgo-, el aborto es un derecho humano garantizado en todo el país, mediante mecanismos como la Norma Oficial Mexicana 046, tratados internacionales y recomendaciones a nuestro país para salvaguardar la salud y vida de las mujeres.